Patrimonio cultural material

Los monumentos históricos son parte de una de las categorías de monumento nacional protegidas por la Ley N° 17.288 y se definen como

los lugares, ruinas, construcciones y objetos de propiedad fiscal, municipal o particular que por su calidad e interés histórico o artístico o por su antigüedad, sean declarados tales por decreto supremo, dictado a solicitud y previo acuerdo del Consejo (artículo 9).

Se trata de bienes muebles e inmuebles que deben ser conservados para el conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y futuras. Estos bienes son declarados monumentos históricos por decreto supremo, generalmente en respuesta a una solicitud de personas, comunidades u organizaciones, previo acuerdo del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN).

Las zonas típicas o pintorescas forman parte de las categorías de monumento nacional protegidas por la Ley N° 17.288, la cual define que

para el efecto de mantener el carácter ambiental y propio de ciertas poblaciones o lugares donde existieren ruinas arqueológicas, o ruinas y edificios declarados Monumentos Históricos, el Consejo de Monumentos Nacionales podrá solicitar se declare de interés público la protección y conservación del aspecto típico y pintoresco de dichas poblaciones o lugares o de determinadas zonas de ellas (artículo 29).

Se trata de agrupaciones de bienes inmuebles urbanos o rurales, que constituyen una unidad de asentamiento representativo de la evolución de la comunidad humana, y que destacan por su unidad estilística, su materialidad o técnicas constructivas. Existen distintas tipologías de zona típica: pueblo tradicional, centro histórico, entorno de monumento histórico, área y conjunto.

La tipificación sitio de memoria surge en el Cono Sur en el contexto de la lucha por la verdad, la justicia y la no repetición de violaciones a los derechos humanos por regímenes dictatoriales. Además, según la Resolución 3/2019 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Principios sobre Políticas Públicas de Memoria en las Américas, se entiende por sitios de memoria a todos aquellos lugares donde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, o donde se padecieron o resistieron esas violaciones, o que por algún motivo las víctimas o las comunidades locales consideran que el lugar puede rendir memoria a esos acontecimientos y que son utilizados para repensar, recuperar y transmitir sobre procesos traumáticos, y/o para homenajear y reparar a las víctimas (CIDH, 2019).

Los monumentos arqueológicos forman parte de las categorías de monumento nacional protegidas por la Ley N°17.288, la cual define que

los lugares, ruinas, yacimientos y piezas confeccionadas o utilizadas por el ser humano, existentes sobre o bajo la superficie del territorio nacional son Monumentos Arqueológicos. Estos pertenecen al Estado y son considerados monumentos por el solo ministerio de la ley, por tanto no necesitan de un proceso de declaratoria (artículo 21).

La Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural (Unesco, 1972), otorga distinción universal a los Sitios de Patrimonio Mundial, cuya nominación responde al reconocimiento de sus valores universales excepcionales.

Si bien estas designaciones son internacionales, y a través de ellas el Estado de Chile da cumplimiento a la Convención, sus condiciones de protección se refuerzan y complementan mediante la legislación nacional vigente, a través de la Ley N° 17.288, por lo cual los Sitios de Patrimonio Mundial en Chile tienen protección oficial como monumentos nacionales.

El Consejo Internacional de Museos (ICOM, por sus siglas en inglés) sancionó en agosto de 2022, la definición de museos como:

una institución sin ánimo de lucro, permanente y al servicio de la sociedad, que investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe el patrimonio material e inmaterial. Abiertos al público, accesibles e inclusivos, los museos fomentan la diversidad y la sostenibilidad. Con la participación de las comunidades, los museos operan y comunican ética y profesionalmente, ofreciendo experiencias variadas para la educación, el disfrute, la reflexión y el intercambio de conocimientos (ICOM, 2022).

En Chile, los archivos públicos se organizan bajo el Sistema Nacional de Archivos —en proceso de formación—, que es coordinado por el Archivo Nacional y tiene como misión reunir, organizar, preservar, investigar y difundir el conjunto de documentos, independientemente de su edad, forma o soporte, producidos orgánicamente y/o acumulados y utilizados por una persona, familia o institución en el curso de sus actividades y funciones, así como todos aquellos documentos relevantes para la historia y desarrollo del país (Ley N°21.045, Art. 29).

Por otra parte, se tiene que:

Los archivos custodian decisiones, actuaciones y memoria. Los archivos conservan un patrimonio único e irremplazable que se transmite de generación en generación. Los documentos son gestionados en los archivos desde su origen para preservar su valor y su significado. (Unesco, 2011).

De acuerdo con la Unesco (1970), una biblioteca es una colección organizada de libros y publicaciones periódicas impresas y de otros documentos, sobre todo gráficos y audiovisuales, servida por un personal encargado de facilitar el uso de ella por los lectores para su información, investigación, enseñanza o recreo.

Las iglesias de Chiloé, construidas principalmente de madera, son un ejemplo excepcional de arquitectura religiosa en América Latina. Estos templos católicos reflejan la riqueza cultural de la tradición arquitectónica chilota, caracterizada por la mezcla de saberes y técnicas indígenas y europeas, la armónica relación con el entorno y la vigencia de su importancia espiritual para las comunidades. A más de veinte años de la inscripción de dieciséis iglesias de Chiloé en la Lista del Patrimonio Mundial (Unesco, 2000), se hace necesario revisitar y analizar el carácter patrimonial de los templos presentes en el área cultural chilota, que incluye la Provincia de Chiloé y las comunas continentales de Calbuco, Carelmapu y Maullín.